Al abrir la discusión en cuanto al papel del Estado en el fortalecimiento de la RSE, por medio de iniciativas legislativas y de políticas públicas, se encuentran algunas aproximaciones principalmente prácticas, que han llevado a cabo algunos centros especializados en la promoción de la RSE (tal como la Corporate Social Responsibility Practice, del Banco Mundial[1]), así como también se observa que en varios países latinoamericanos y europeos (a nivel de la Comunidad Europea y a nivel de país en España) se han dado espacios de diálogo multidisciplinarios, unos más incluyentes que otros, para discutir las distintas posiciones y dar los primeros pasos para la generación de políticas públicas en este ámbito.
En primera instancia, en el caso de la Corporate Social Responsibility Practice, Tom Fox et al. (2002) identifican cuatro roles principales que el sector público puede asumir: Regulador, Facilitador/Fomento, Colaborador/Aliado y Promoción/Respaldo.
Regulador: cuando el Estado asume este papel, sus diversas instancias definen los estándares mínimos que deben cumplir las empresas dentro del marco jurídico establecido; éste comanda y controla la legislación, regula, inspecciona y aplica penalizaciones y premios fiscales.
Facilitador/Fomento: en este rol, el Estado “habilita” e incentiva a las empresas a comprometerse con la agenda de RSE o simplemente a llevar a cabo mejoras a nivel social y ambiental. Los entes gubernamentales son simples catalizadores de la iniciativa empresarial. En fin, el Estado sirve como soporte, genera incentivos y crea conciencia, estimula los mercados y colabora en la construcción de las capacidades empresariales.
Colaborador/Aliado: este papel es clave en cualquier agenda de RSE. Las alianzas estratégicas entre Empresa, Sociedad Civil y Estado, permiten la complementariedad de habilidades, conocimientos e insumos para poder atender situaciones de gran complejidad tanto social como ambiental. Los elementos claros en este caso son la combinación de recursos (humanos, tecnológicos y económicos), el compromiso de los grupos de interés y finalmente el diálogo.
Promoción/Respaldo: esta última forma de actuación puede materializarse de varias maneras tales como apoyo político, reconocimiento directo por medio de premios, y cualquier tipo de acción que esté dentro del marco de la legalidad, y que el Estado pueda utilizar para gratificar a la empresa respaldada.
Hay que tomar en cuenta que los límites entre cada uno de los cuatro roles mencionados no son cien por ciento perfectos ni claros, puede haber una combinación de los mismos a la hora de generar políticas por parte del Estado.
Así mismo, Tom Fox et al. (2002) plantea una discusión interesante en cuanto a la dicotomía obligatoriedad-voluntariedad. Los autores ven el tema de las políticas públicas y del rol de Estado más allá de esta polémica:
“Evaluar el rol del sector público, considerando sólo aquéllas iniciativas que le dan incentivos a las empresas a ir más allá de lo que exige la ley’; traería como consecuencia que se ignoraran los vínculos dinámicos entre los enfoques voluntarios y regulatorios, así como que evitaría que se tomaran en cuenta el potencial que tienen las variadas iniciativas voluntarias de cristalizarse con el tiempo en estándares mínimos obligatorios”.
Este debate nos abre la posibilidad de explorar a la luz de los roles mencionados, distintas experiencias a nivel mundial. En una próxima entrega analizaremos el caso venezolano, y haremos referencia a ejemplos en otros países, principalmente iberoamericanos.
