ROL DEL ESTADO VENEZOLANO EN MATERIA DE RSE
A través de esta investigación, se ha podido observar que hasta el momento no se ha llevado una discusión abierta y multidiscplinaria en cuanto al papel del Estado en la generación de políticas públicas en RSE, lo que no implica que en algunos documentos y comparecencias individuales se aborde el tema.
A continuación se pretende expresar las ideas de los entrevistados en cuanto a este aspecto, y ver los puntos de acuerdo y desacuerdo, así como compararlos con la experiencia española y ver si hay coincidencias o no. Tomando como base las opiniones de Tom Fox et al. (2002) y ciertas visones expresadas en las comparecencias en el Congreso Español en cuanto a las restricciones de centrar el debate en la dicotomía voluntariedad-regulación, se planteó la pregunta a los entrevistados enfocada principalmente en cuál debe ser el rol del Estado en la RSE (sin abordar desde el principio el debate mencionado). En muchos casos el tema de la voluntariedad surgió espontáneamente.
Ninguna de las posiciones expresadas contempla visiones radicales que apoyen la autorregulación absoluta o la regulación extrema. Existen posiciones matizadas, unas cargadas de cierta regulación, otras de voluntariedad y finalmente unas que proponen la combinación de roles según los temas tratados. Sin embargo, existen ciertos ámbitos de acción como el ambiental, los derechos humanos y la calidad del producto donde se solicita un marco regulatorio más exigente.
“Los gobiernos no pueden operar y ejercer la RSE. Lo primero que deben hacer es definir estratégicamente las áreas de ingerencia, pero no operar. El gobierno debe crear las condiciones propicias para que el resto de los actores puedan funcionar asertivamente y establecer los controles para que eso funcione organizadamente. Debe inducir una cultura del servicio y de la RSE. Pero tampoco que sea un sistema de incentivos que se vea como un cambio de prebendas” (En entrevista a Sonia de Paola, 2007).
“La RSE no debería estar regulada por el Estado. El Estado lo que debe poner es las obligaciones de los distintos actores del sector privado […], entonces la filosofía es que el sector privado, sus actores, frente a las realidades sociales que existen, económicas o técnicas, decidan ir más allá y establecerse unas obligaciones que están más allá de lo legal, y esa es su RSE.
[…] En su rol de fomento sí puede inducir, crear estímulos a los programas, ya que es una forma de reconocer las bondades de la RSE, sin tenerla que imponer. [Por ejemplo] en el tema ambiental hay incentivos fiscales para las empresas que instalen plantas de tratamiento”. (En entrevista a Arnoldo Gabaldón, 2007)
Una idea que habría que reflexionar en referencia a la opinión expresada anteriormente, es el margen de acción que le deja el Estado a la empresa privada para innovar en iniciativas de RSE. ¿Hasta dónde llegan esas obligaciones que deben cumplir las empresas? ¿Quién las define? Porque si bien es cierto que en Venezuela no existe hasta el momento, un proyecto formal para regular la RSE, no es menos cierto que se han venido regulando de manera aislada muchos aspectos que conforman la responsabilidad social de una empresa.
Existen argumentaciones donde se da más énfasis al carácter voluntario de la RSE, y a la intervención mínima del Estado:
“La RSE es de carácter voluntario, tiene que ser parte de la cultura empresarial donde la empresa dice ‘yo soy una empresa socialmente responsable, yo no le voy a comprar a un proveedor “tal” [porque éste tiene prácticas poco responsables]…Una lámina de la SONY [ejemplifica el conflicto] mostrando una empresa que le compra a un proveedor que no es contaminante, pero éste sí le compra a una empresa que es contaminante.[…] El Estado debe fomentar, pero [la RSE] debe ser totalmente voluntaria. El rol del Estado es cumplir con su propia responsabilidad social” (En entrevista a Perla Putterman, 2007)
Así mismo, en ciertas exposiciones se expresa la relevancia de la seguridad jurídica para la empresa, y el papel del Estado en implantarla y mantenerla:
“[El Estado] debe ser un promotor y facilitador a su vez, más que regulador, porque aquí la tendencia es a regular, y está probado que todas las regulaciones impuestas y directas lejos de abonar un buen mercado, lo que hacen es producir otras consecuencias. Esto se puede lograr por medio de la seguridad jurídica […] además con unos consumidores y unas personas que exijan” (En entrevista a Roberto León Parilli).
Desde el sector de los trabajadores, se percibe la necesidad que el Estado asuma un rol concertador y promotor del diálogo, incentivando la inversión y procurando que las legislaciones, que en cierta forma han sido decididas de manera unilateral, puedan ser aplicadas:
“Si tu me preguntas qué debe hacer el Estado para que las empresas puedan cumplir cabalmente con su RSE, yo diría que todas aquellas políticas que animen la inversión, que faciliten el diálogo, que faciliten las concertaciones entre las empresas y el Estado, para que de esa manera pueda expandirse la existencia de las unidades productivas lo más que se pueda, lo cual a su vez está involucrando obviamente la mayor expansión posible del empleo.
Debería ser promotor del diálogo, y ese es el Estado que no tenemos; el Estado que teníamos mal que bien hablaba, pactaba (…); en el modo de proceder de los gobiernos anteriores la concertación estaba presente en casi todos los aspectos fundamentales de la vida del trabajo” (En entrevista Alfredo Padilla, 2007)
Se plantea una opinión importante de analizar en cuanto a que las iniciativas de las empresas no se han terminado de potenciar completamente, proponiendo así un rol del Estado primero como promotor y luego como regulador. Esta posición sería consistente con lo planteado por Tom Fox et al. (2002), al principio del capítulo, cuando se citan las limitaciones de restringir el debate al dúo voluntariedad- obligatoriedad:
“Dado que las empresas han sido tan pasivas, creo que al Estado le va a tocar ser más activo. Le va a tocar ser primero promotor de la RSE y luego regulador. Hay que ver cuáles deberían ser las secuencias. Debería promover. El gobierno tiene un conjunto de Políticas Públicas, y un conjunto de Políticas Sociales. Tratar de hacerle un abanico de posibilidades a las empresas. Como la intervención de las empresas es en una escala pequeña, el Estado debería tratar de potenciar esta escala […].La forma de potenciar esta escala es a través de las políticas públicas. Una de las cosas que se ven en la relación sector público-sector privado, es que el sector público ve a al sector privado como un sector competente y eficiente, y que buena parte de esas eficiencias y competencias podrían ser compartidas con el sector público (como aliados). Entonces debería haber un esquema de promoción y en función de esos ensayos tratar de establecer algún tipo de marco regulatorio, que sí creo que lo debe haber” (En entrevista a Luis Pedro España, 2007).
Finalmente, la visión del representante del Estado en cuanto a su rol en la RSE:
“[Garantizar] el cumplimiento de las normas” (En entrevista a Pedro Sassone, 2007).
Pero como se dijo anteriormente: ¿Hasta donde llegan las normas?, todo se podría normar, llegando un punto en que la mayoría de los ámbitos de la vida pública y privada estén regulados. Ante esta interrogante, se encuentra la siguiente respuesta:
“Bueno principalmente en garantizar los derechos de los trabajadores y de la población (consumidores) ahí esta la responsabilidad social vital, tú por ley no puedes estar cambiando la calidad del producto porque pones en peligro la vida de la gente; y tú como Estado debes preservar la vida de la gente, los derechos de la población” En entrevista a Pedro Sassone, 2007).
En un primer momento, pareciera que los grupos de interés más importantes de proteger para el Estado son los trabajadores y consumidores, sin embargo a lo largo del trabajo se irá reflejando su preocupación por el resto.
Así mismo se plantean distintos roles que debe asumir el Estado:
“Varios [roles], y ahora con mucha más fuerza a partir de la reforma. Este es un Estado que va tener distintos roles. Tiene un rol de facilitador, tiene un rol de vigilancia del cumplimiento de la norma y de la ley, porque él es garante de la norma y de la ley. Pero el también promueve, incentiva y produce” (En entrevista a Pedro Sassone, 2007).
En la mayoría de las entrevistas realizadas existen puntos de encuentro en cuanto al rol que debería asumir el Estado en las políticas públicas en RSE. Aunque haya posiciones que tiendan más a la regulación, parece existir consenso en cuanto a no estrangular a la empresa privada. Sin embargo es evidente que el límite no está bien definido y que parece complejo determinar hasta dónde llega la ley en este aspecto. Por esta razón, al ser un tema que puede presentar muchos matices, es que se hace necesario el diálogo entre las partes y los espacios de encuentro; lo que no pareciera haberse dado de manera formal en el caso venezolano y donde el Estado debería liderar la convocatoria, impulsando así la naturaleza multi-stakeholder de la RSE: “No se puede hallar el camino hacia la sostenibilidad sin diálogo e información hacia y desde todos los actores de la sociedad”.[1]
A continuación se pretende expresar las ideas de los entrevistados en cuanto a este aspecto, y ver los puntos de acuerdo y desacuerdo, así como compararlos con la experiencia española y ver si hay coincidencias o no. Tomando como base las opiniones de Tom Fox et al. (2002) y ciertas visones expresadas en las comparecencias en el Congreso Español en cuanto a las restricciones de centrar el debate en la dicotomía voluntariedad-regulación, se planteó la pregunta a los entrevistados enfocada principalmente en cuál debe ser el rol del Estado en la RSE (sin abordar desde el principio el debate mencionado). En muchos casos el tema de la voluntariedad surgió espontáneamente.
Ninguna de las posiciones expresadas contempla visiones radicales que apoyen la autorregulación absoluta o la regulación extrema. Existen posiciones matizadas, unas cargadas de cierta regulación, otras de voluntariedad y finalmente unas que proponen la combinación de roles según los temas tratados. Sin embargo, existen ciertos ámbitos de acción como el ambiental, los derechos humanos y la calidad del producto donde se solicita un marco regulatorio más exigente.
“Los gobiernos no pueden operar y ejercer la RSE. Lo primero que deben hacer es definir estratégicamente las áreas de ingerencia, pero no operar. El gobierno debe crear las condiciones propicias para que el resto de los actores puedan funcionar asertivamente y establecer los controles para que eso funcione organizadamente. Debe inducir una cultura del servicio y de la RSE. Pero tampoco que sea un sistema de incentivos que se vea como un cambio de prebendas” (En entrevista a Sonia de Paola, 2007).
“La RSE no debería estar regulada por el Estado. El Estado lo que debe poner es las obligaciones de los distintos actores del sector privado […], entonces la filosofía es que el sector privado, sus actores, frente a las realidades sociales que existen, económicas o técnicas, decidan ir más allá y establecerse unas obligaciones que están más allá de lo legal, y esa es su RSE.
[…] En su rol de fomento sí puede inducir, crear estímulos a los programas, ya que es una forma de reconocer las bondades de la RSE, sin tenerla que imponer. [Por ejemplo] en el tema ambiental hay incentivos fiscales para las empresas que instalen plantas de tratamiento”. (En entrevista a Arnoldo Gabaldón, 2007)
Una idea que habría que reflexionar en referencia a la opinión expresada anteriormente, es el margen de acción que le deja el Estado a la empresa privada para innovar en iniciativas de RSE. ¿Hasta dónde llegan esas obligaciones que deben cumplir las empresas? ¿Quién las define? Porque si bien es cierto que en Venezuela no existe hasta el momento, un proyecto formal para regular la RSE, no es menos cierto que se han venido regulando de manera aislada muchos aspectos que conforman la responsabilidad social de una empresa.
Existen argumentaciones donde se da más énfasis al carácter voluntario de la RSE, y a la intervención mínima del Estado:
“La RSE es de carácter voluntario, tiene que ser parte de la cultura empresarial donde la empresa dice ‘yo soy una empresa socialmente responsable, yo no le voy a comprar a un proveedor “tal” [porque éste tiene prácticas poco responsables]…Una lámina de la SONY [ejemplifica el conflicto] mostrando una empresa que le compra a un proveedor que no es contaminante, pero éste sí le compra a una empresa que es contaminante.[…] El Estado debe fomentar, pero [la RSE] debe ser totalmente voluntaria. El rol del Estado es cumplir con su propia responsabilidad social” (En entrevista a Perla Putterman, 2007)
Así mismo, en ciertas exposiciones se expresa la relevancia de la seguridad jurídica para la empresa, y el papel del Estado en implantarla y mantenerla:
“[El Estado] debe ser un promotor y facilitador a su vez, más que regulador, porque aquí la tendencia es a regular, y está probado que todas las regulaciones impuestas y directas lejos de abonar un buen mercado, lo que hacen es producir otras consecuencias. Esto se puede lograr por medio de la seguridad jurídica […] además con unos consumidores y unas personas que exijan” (En entrevista a Roberto León Parilli).
Desde el sector de los trabajadores, se percibe la necesidad que el Estado asuma un rol concertador y promotor del diálogo, incentivando la inversión y procurando que las legislaciones, que en cierta forma han sido decididas de manera unilateral, puedan ser aplicadas:
“Si tu me preguntas qué debe hacer el Estado para que las empresas puedan cumplir cabalmente con su RSE, yo diría que todas aquellas políticas que animen la inversión, que faciliten el diálogo, que faciliten las concertaciones entre las empresas y el Estado, para que de esa manera pueda expandirse la existencia de las unidades productivas lo más que se pueda, lo cual a su vez está involucrando obviamente la mayor expansión posible del empleo.
Debería ser promotor del diálogo, y ese es el Estado que no tenemos; el Estado que teníamos mal que bien hablaba, pactaba (…); en el modo de proceder de los gobiernos anteriores la concertación estaba presente en casi todos los aspectos fundamentales de la vida del trabajo” (En entrevista Alfredo Padilla, 2007)
Se plantea una opinión importante de analizar en cuanto a que las iniciativas de las empresas no se han terminado de potenciar completamente, proponiendo así un rol del Estado primero como promotor y luego como regulador. Esta posición sería consistente con lo planteado por Tom Fox et al. (2002), al principio del capítulo, cuando se citan las limitaciones de restringir el debate al dúo voluntariedad- obligatoriedad:
“Dado que las empresas han sido tan pasivas, creo que al Estado le va a tocar ser más activo. Le va a tocar ser primero promotor de la RSE y luego regulador. Hay que ver cuáles deberían ser las secuencias. Debería promover. El gobierno tiene un conjunto de Políticas Públicas, y un conjunto de Políticas Sociales. Tratar de hacerle un abanico de posibilidades a las empresas. Como la intervención de las empresas es en una escala pequeña, el Estado debería tratar de potenciar esta escala […].La forma de potenciar esta escala es a través de las políticas públicas. Una de las cosas que se ven en la relación sector público-sector privado, es que el sector público ve a al sector privado como un sector competente y eficiente, y que buena parte de esas eficiencias y competencias podrían ser compartidas con el sector público (como aliados). Entonces debería haber un esquema de promoción y en función de esos ensayos tratar de establecer algún tipo de marco regulatorio, que sí creo que lo debe haber” (En entrevista a Luis Pedro España, 2007).
Finalmente, la visión del representante del Estado en cuanto a su rol en la RSE:
“[Garantizar] el cumplimiento de las normas” (En entrevista a Pedro Sassone, 2007).
Pero como se dijo anteriormente: ¿Hasta donde llegan las normas?, todo se podría normar, llegando un punto en que la mayoría de los ámbitos de la vida pública y privada estén regulados. Ante esta interrogante, se encuentra la siguiente respuesta:
“Bueno principalmente en garantizar los derechos de los trabajadores y de la población (consumidores) ahí esta la responsabilidad social vital, tú por ley no puedes estar cambiando la calidad del producto porque pones en peligro la vida de la gente; y tú como Estado debes preservar la vida de la gente, los derechos de la población” En entrevista a Pedro Sassone, 2007).
En un primer momento, pareciera que los grupos de interés más importantes de proteger para el Estado son los trabajadores y consumidores, sin embargo a lo largo del trabajo se irá reflejando su preocupación por el resto.
Así mismo se plantean distintos roles que debe asumir el Estado:
“Varios [roles], y ahora con mucha más fuerza a partir de la reforma. Este es un Estado que va tener distintos roles. Tiene un rol de facilitador, tiene un rol de vigilancia del cumplimiento de la norma y de la ley, porque él es garante de la norma y de la ley. Pero el también promueve, incentiva y produce” (En entrevista a Pedro Sassone, 2007).
En la mayoría de las entrevistas realizadas existen puntos de encuentro en cuanto al rol que debería asumir el Estado en las políticas públicas en RSE. Aunque haya posiciones que tiendan más a la regulación, parece existir consenso en cuanto a no estrangular a la empresa privada. Sin embargo es evidente que el límite no está bien definido y que parece complejo determinar hasta dónde llega la ley en este aspecto. Por esta razón, al ser un tema que puede presentar muchos matices, es que se hace necesario el diálogo entre las partes y los espacios de encuentro; lo que no pareciera haberse dado de manera formal en el caso venezolano y donde el Estado debería liderar la convocatoria, impulsando así la naturaleza multi-stakeholder de la RSE: “No se puede hallar el camino hacia la sostenibilidad sin diálogo e información hacia y desde todos los actores de la sociedad”.[1]
REFERENCIA DE LOS ENTREVISTADOS
- Sonia de Paola y Elizabeth Plotnikov (Asociación Venezolana de Ejecutivos)
- Alfredo Padilla (Instituto Altos Estudios Sindicales)
- Roberto León Parilli (Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, Anauco)
- Perla Putterman (Comisión de RSE de Fedecámaras)
- Luis Pedro España (Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica “Andrés Bello”, UCAB)
- Arnoldo Gabaldón (Ex Ministro del Ambiente)
- Pedro Sassone (Dirección de Investigación y Asesoría Legislativa de la Asamblea Nacional Estado)
- Sonia de Paola y Elizabeth Plotnikov (Asociación Venezolana de Ejecutivos)
- Alfredo Padilla (Instituto Altos Estudios Sindicales)
- Roberto León Parilli (Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, Anauco)
- Perla Putterman (Comisión de RSE de Fedecámaras)
- Luis Pedro España (Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica “Andrés Bello”, UCAB)
- Arnoldo Gabaldón (Ex Ministro del Ambiente)
- Pedro Sassone (Dirección de Investigación y Asesoría Legislativa de la Asamblea Nacional Estado)
[1] Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES (2004): Responsabilidad Social Corporativa y Políticas Públicas, p. 35.
No hay comentarios:
Publicar un comentario